El presidente de la República, Santiago Peña, vetó en su totalidad el proyecto de ley 7328, que creaba el Servicio General Penitenciario (Segepe), un organismo encargado de la custodia de personas privadas de libertad. A través del Decreto 2628, Peña argumentó que si bien es necesaria una reforma penitenciaria, el proyecto no cumplía con los estándares requeridos.
El mandatario señaló que la ley presenta «importantes e insalvables cuestionamientos» en cuanto a la viabilidad, idoneidad y sostenibilidad de la implementación. Según el Viceministerio de Capital Humano, la nueva estructura generaría un significativo aumento en el gasto público, sin contar con fuentes de financiamiento adecuadas. Además, no se realizaron los estudios presupuestarios necesarios para evaluar el impacto financiero.
El dictamen de la Dirección General de Presupuesto del Viceministerio de Administración Financiera se expresó en los mismos términos, indicando que la ley no fue analizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que pone en duda la sostenibilidad fiscal.
El veto presidencial devuelve el proyecto al Congreso, donde senadores y diputados deberán decidir si aceptan o rechazan la objeción. En caso de que ambas cámaras coincidan en el rechazo, el proyecto será archivado.
