El Procurador General de la República del Paraguay, Marco Aurelio González, compareció hoy ante la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado y otros delitos conexos en el Congreso. En su intervención, González abordó el caso de una ejecución hipotecaria planteada por el Banco Atlas contra la empresa Bio Combustible y el empresario Gilberto Suárez, supuesto testaferro del narcotraficante «Cabeza Branca». La disputa implica un bien actualmente administrado por la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico), cuya venta ha sido frenada por una medida judicial.
González enfatizó que la Senabico, al contar con personalidad y capacidad procesal propias, puede actuar en juicio y que la Procuraduría interviene únicamente cuando la Senabico lo solicita. En este caso, la Procuraduría ha respaldado la decisión de la Senabico de oponerse a la ejecución, argumentando que un juez penal ha impuesto una medida cautelar de “no innovar”, la cual prohíbe cualquier acción sobre el bien en disputa hasta que se resuelva su situación legal. Este criterio responde a un precedente de otra ejecución en la que el Banco Continental intentó ejecutar un bien también bajo administración de la Senabico, lo que fue rechazado por la autoridad judicial.
El Procurador destacó que el Estado paraguayo busca asegurar que las disposiciones de los jueces penales se respeten y advirtió que la intervención de jueces civiles en este tipo de ejecuciones puede poner en riesgo bienes decomisados vinculados a actividades ilícitas. «Estamos en contra de que jueces civiles intenten ejecutar cuando existe una medida de comiso y una prohibición de innovar», afirmó González.
La postura de la Procuraduría refuerza la intención del Estado de proteger sus recursos y evitar que bienes en proceso judicial sean utilizados en maniobras de recuperación de deuda hasta tanto los tribunales penales emitan una resolución definitiva sobre su destino.
