En la apertura de la 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Córdoba, Argentina, el presidente Santiago Peña reafirmó su compromiso con la libertad de prensa. Peña declaró: “Sin libertad de prensa moriríamos asfixiados”, en medio de críticas de gremios periodísticos que acusan a su gobierno de intentar imponer censura y violencia contra periodistas.
El discurso del mandatario paraguayo fue destacado por Juan David Bernal, director del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo, quien resaltó la condena de Peña a la censura. Sin embargo, para el Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, el presidente representa a un sector que busca restringir la libertad de prensa.
Peña aprovechó la ocasión para firmar la Declaración de Chapultepec, un documento que defiende la libertad de expresión y la prensa libre, enfatizando que ningún acto de poder debe coartar estos derechos fundamentales.
Durante su intervención, el presidente también alardeó sobre los logros económicos de su administración, destacando políticas sociales y la reducción de la pobreza en Paraguay. Sin embargo, la controversia en torno a su gestión y las denuncias sobre ataques a la libertad de prensa opacaron estos anuncios.
La firma de la Declaración de Chapultepec representa un paso importante para el reconocimiento de la libertad de prensa, pero las organizaciones gremiales continúan exigiendo acciones concretas para garantizar que los derechos de los periodistas sean respetados.
El documento defiende la prensa libre y advierte que no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.
Declaración de Chapultepec, estos son sus principios:
- No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
- Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
- Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.
- El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
- La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa.
- Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
- Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
- El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
- La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga.
- Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
En ese sentido, advierte que persisten países despóticos que reniegan de todas las libertades, así como la delincuencia, el terrorismo y narcotráfico que amenazan, agreden y asesinan a periodistas.
