El caso «Nepobabies» ha sacudido el escenario político paraguayo, revelando un intrincado entramado de nepotismo en el corazón mismo del poder legislativo. El reciente otorgamiento de medidas alternativas a la prisión para Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, por parte del juez Rodrigo Estigarribia, ha reavivado la polémica sobre el abuso de poder y el tráfico de influencias en las altas esferas gubernamentales.
Godoy Torres, imputado por cobro indebido de honorarios, logró evadir la prisión gracias a una fianza de 100 millones de guaraníes ofrecida por sus padres. Este joven, siendo apenas bachiller, ostentaba un cargo de asesor en la Cámara de Diputados con un sueldo mensual de 9.5 millones de guaraníes, en un claro ejemplo de nepotismo descarado.
La investigación, iniciada por la denuncia de la abogada Teresa Flecha, ha destapado una red de contrataciones irregulares que involucra a hijos y familiares de prominentes figuras políticas. Entre los implicados se encuentran descendientes del vicepresidente de la República y de varios diputados y senadores, tanto del partido Colorado como del Liberal.
Este escándalo no solo pone en tela de juicio la integridad de los legisladores involucrados, sino que también cuestiona la eficacia de los sistemas de control y transparencia en las instituciones públicas paraguayas. La sociedad civil exige respuestas y acciones concretas para poner fin a estas prácticas que socavan la confianza en la democracia y drenan los recursos públicos en beneficio de unos pocos privilegiados.
El caso «Nepobabies» se perfila como un punto de inflexión en la política paraguaya, con potencial para desencadenar reformas profundas en la administración pública y en los mecanismos de fiscalización del poder legislativo.
