En un giro impactante que sacude los cimientos de las fuerzas de seguridad paraguayas, la Fiscalía ha revelado la existencia de «narcoagendas» que detallan presuntos pagos de coimas a agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional. Este hallazgo, resultado de un violento enfrentamiento en Yby Pytá, Canindeyú, amenaza con destapar una extensa red de corrupción en el corazón de la lucha contra el narcotráfico.
El fiscal Néstor Narváez se encuentra en posesión de una agenda incautada tras un tiroteo entre el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y presuntos miembros de la organización criminal liderada por Felipe Santiago «Macho» Acosta. Este cuaderno, encontrado en una camioneta utilizada por los sospechosos, contiene meticulosos registros de pagos mensuales a diversas unidades de seguridad.
Entre las anotaciones más alarmantes, se detalla un pago mensual de 10 millones de guaraníes a la Senad, 3 millones al Departamento de Antinarcóticos, y 2 millones a agentes de Inteligencia. Otra página revela gastos operativos de la organización, incluyendo un pago de 5.000 (presumiblemente dólares) nuevamente a la Senad.
«Macho» Acosta, originario de Tavapy, Alto Paraná, es uno de los criminales más buscados por el Departamento de Control de Crimen Organizado (DCCO). Se cree que ha establecido su base de operaciones para el tráfico de drogas en Canindeyú, además de dirigir una banda de sicarios.
Este descubrimiento plantea serias preguntas sobre la integridad de las operaciones antinarcóticos en Paraguay. La posibilidad de que agentes de alto rango estén comprometidos por sobornos podría explicar la persistencia y el crecimiento del narcotráfico en la región, a pesar de los esfuerzos oficiales para combatirlo.
Las autoridades ahora enfrentan el desafío de investigar a fondo estas acusaciones sin comprometer operaciones en curso. La credibilidad de las instituciones de seguridad está en juego, y la opinión pública exigirá acciones concretas y transparencia en el proceso de depuración.
Este caso subraya la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en Paraguay, donde las líneas entre la ley y el crimen organizado parecen difuminarse. La revelación de estas «narcoagendas» podría marcar un punto de inflexión en la estrategia antidrogas del país, forzando una reevaluación completa de los métodos y el personal involucrado en esta crucial batalla.
