La investigación sobre la mafia de pagarés reveló un grave descontrol judicial, luego del hallazgo de 10.000 expedientes pertenecientes a los juzgados de Paz de la Capital en una empresa privada dedicada a la compra y cobro de deudas.
El hallazgo se suma a los documentos encontrados en la residencia de Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta, evidenciando la posible complicidad de funcionarios y jueces en la manipulación de casos.
La agente fiscal Belinda Bobadilla dispuso el traslado de los expedientes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su resguardo institucional. Además, confirmó que la CSJ aún no ha remitido informes sobre auditorías realizadas en los juzgados de Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot y Gustavo Villalba Báez, ni en otros juzgados de la Capital.
El artículo 118 del Código Procesal Civil establece que los expedientes judiciales no pueden salir de los juzgados sin justificación, lo que refuerza las sospechas sobre la ilegalidad del caso. Hasta el momento, no se han formulado imputaciones, pero la investigación continúa.
Fuente judiciales.net
