La Constitución de 1992 representó un avance importante en el fortalecimiento del Estado de derecho en Paraguay. Estableció un régimen democrático con separación de poderes y definió al país como un Estado social de derecho. Sin embargo, persisten desafíos en el sistema electoral y el poder heredado de la dictadura. Ante la crisis política y social, se plantea la necesidad de un debate sobre el estado de la democracia y una eventual reforma constitucional para transformaciones profundas en el sistema político del país.
La caída de una dictadura no significa necesariamente el establecimiento de una democracia. La Constitución de 1992 es la iniciativa más importante orientada a establecer un Contrato Social en una sociedad que tenía que superar un régimen totalitario. Es igualmente el instrumento normativo que más impacto ha tenido en las reformas políticas y sociales.
La mayor controversia en materia de equilibrio de poderes, se ha generado con relación a las amplias competencias en materia presupuestaria que la Constitución de 1992 concede al Poder Legislativo, sin establecer limitaciones en cuanto a las modificaciones que puede realizar al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, e incluso a la estimación de ingresos (art. 216).
La Reelección Presidencial una tarea pendiente
Paraguay es el único país de Sudamérica que no cuenta con la reelección presidencial en ningún caso. La Constitución Nacional paraguaya establece que el presidente de la República solo puede ser electo para un único mandato de cinco años, sin la posibilidad de ser reelegido.
El achicamiento del estado
El aparato estatal en Paraguay es gigante, en el congreso nacional son 45 Senadores, 80 Diputados, en los municipios son un total de 261 intendentes, 2.781 concejales y 17 gobernaciones con 211 miembros en la junta departamental. Sin embargo, es importante evaluar cómo este gran número de representantes contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los paraguayos.
