El Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción y negligencia que ha costado a la institución más de un billón de guaraníes. El caso gira en torno al edificio Yukyry I en Ciudad del Este, una propiedad que ha sido objeto de mala administración, contratos dudosos y explotación ilegal durante más de dos décadas.
La historia comenzó en 1999 cuando el IPS adquirió el 60% del edificio por una deuda de USD 4 millones. Desde entonces, una serie de decisiones cuestionables han plagado la gestión de esta propiedad. En 2008, IPS tercerizó la administración a Hirán Abiff SA, que acumuló una deuda de más de 51 mil millones de guaraníes por alquileres impagos.
El escándalo se profundizó en 2018 cuando, bajo la administración de Armando Rodríguez, IPS firmó un contrato con Ecoservice Group SA, una empresa vinculada al ex senador colorado Nelson Aguinagalde. Esta firma no solo incumplió el contrato, sino que demandó a IPS por 2.100 millones de guaraníes tras la rescisión del acuerdo.
Actualmente, una verificación de la asesoría jurídica del IPS reveló que el edificio está siendo explotado ilegalmente por el consorcio de propietarios minoritarios. Estos administradores no autorizados están cobrando alquileres de 109 unidades pertenecientes al IPS, generando una significativa fuga de activos.
El caso Yukyry I revela una red de conexiones políticas y empresariales cuestionables. Ecoservice, ligada a Aguinagalde, y otras empresas como Cevima, continúan beneficiándose de contratos millonarios con el IPS, incluyendo la tercerización de servicios de limpieza y el arrendamiento de propiedades valiosas por largos períodos.
Esta saga de mala gestión y posible corrupción plantea serias preguntas sobre la administración de los recursos del IPS y la influencia de figuras políticas en sus operaciones. Mientras tanto, los contribuyentes paraguayos siguen pagando el precio de estas decisiones cuestionables, con pérdidas que superan el billón de guaraníes en un solo edificio.
El caso Yukyry I no solo representa una pérdida financiera significativa para el IPS, sino que también pone en evidencia la urgente necesidad de una reforma en la gestión de los bienes públicos y una mayor transparencia en los contratos estatales.
