La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encuentra en el ojo del huracán tras acusaciones de corrupción que involucran a sus altos funcionarios. El presidente de la institución, Félix Sosa, ha solicitado a la Fiscalía iniciar una investigación en respuesta a las graves denuncias realizadas por el senador Salyn Buzarquis.
Según las declaraciones del senador, directivos de la ANDE habrían recibido 500.000 dólares a cambio de permitir la operación de criptomineros clandestinos. Ante estas acusaciones, Sosa y su equipo acudieron al Ministerio Público para presentar una denuncia formal, solicitando se identifique a los responsables.
El titular de la ANDE expresó su confianza en que Buzarquis colabore con las autoridades proporcionando más información y nombres. Sin embargo, Sosa sugiere que estas acusaciones podrían estar motivadas por el descontento del senador ante el reciente aumento de tarifas para el grupo intensivo especial, consecuencia de la legalización de dicho grupo por parte de la ANDE.
Sosa defendió la decisión de elevar las tarifas, argumentando que la criptominería, al ser una actividad de alto consumo eléctrico, debe estar sujeta a la tarifa técnica. Esta tarifa fue recientemente actualizada tras el incremento de la tarifa de Itaipú del 9 al 16%.
El caso ha puesto de manifiesto la compleja relación entre la política energética, la regulación de nuevas tecnologías como la criptominería, y las acusaciones de corrupción en instituciones públicas. La investigación fiscal promete arrojar luz sobre estas graves acusaciones que sacuden al sector eléctrico paraguayo.
