La Contraloría General de la República (CGR) ha iniciado un examen de correspondencia a la Declaración Jurada de Bienes de la senadora colorada Lizarella Valiente, tras revelarse omisiones significativas en sus declaraciones financieras. Este escrutinio ha desatado un escándalo político que amenaza con socavar la credibilidad de la legisladora.
El doctor Armindo Torres, director del Departamento de Declaración Jurada de la CGR, confirmó que se investigará la veracidad de la declaración y la consistencia del crecimiento patrimonial de Valiente. La investigación abarcará desde su tiempo como funcionaria de la Dirección de Aeronáutica Civil hasta su actual rol como senadora.
Las omisiones incluyen un préstamo bancario de G. 72.563.274 para financiar su campaña electoral, del cual solo ha pagado 5 cuotas, contradiciendo sus afirmaciones previas de haber saldado la deuda. Además, se omitió una deuda de G. 860 millones para la compra de una vivienda en Lambaré en 2020.
Valiente ha intentado justificar estas omisiones alegando que no completó personalmente el documento y que confió en terceros para hacerlo. Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con escepticismo por muchos observadores.
Este caso ha reavivado el debate sobre la transparencia financiera de los funcionarios públicos en Paraguay. La investigación de la CGR podría tener serias implicaciones para la carrera política de Valiente y potencialmente para el partido Colorado en su conjunto.
El escándalo subraya la importancia de la precisión en las declaraciones juradas y plantea preguntas sobre la responsabilidad de los funcionarios electos en la gestión de sus finanzas personales y de campaña.
