La situación planteada respecto a la senadora Norma «Yamy Nal» Aquino es preocupante, ya que el bloqueo masivo de usuarios en redes sociales constituye una acción que va en contra de los principios democráticos y vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el acceso a la información pública y la libertad de expresión.
Es importante destacar que los funcionarios públicos, al utilizar redes sociales para difundir su labor y comunicarse con la ciudadanía, no pueden restringir el escrutinio público bloqueando a aquellos usuarios que expresan críticas o inquietudes legítimas.
La abogada Alejandra Peralta Merlo ha señalado con acierto que esta acción constituye un agravio a los derechos de la ciudadanía y ha anunciado la intención de emprender acciones legales para proteger estos derechos mediante un amparo.
La base legal para esta acción se encuentra en el artículo 28 de la Constitución y otras disposiciones relacionadas, que garantizan el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.
Esperemos que esta eventual acción judicial siente un precedente importante, recordando a todas las autoridades la importancia de la transparencia y la apertura al escrutinio público como pilares fundamentales de la democracia. El someterse a críticas y cuestionamientos es inherente al ejercicio de cargos públicos, y cualquier intento de cercenar el derecho a informarse debe ser rechazado y corregido en aras de fortalecer nuestras instituciones democráticas.
Fuente ABC Color
