El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue acusado por la Fiscalía por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en un caso que generó un perjuicio patrimonial de más de G. 306 millones a la Municipalidad. El esquema fraudulento consistía en la adjudicación de licitaciones amañadas a empresas amigas para la provisión de alimentos inexistentes durante la pandemia del Covid-19.
Entre los acusados también se encuentran diez funcionarios municipales de la confianza de Prieto, quienes participaron activamente en el desvío de fondos. Entre ellos, Francisco Arrúa, coautor de los delitos, así como Buena Ventura Morínigo y Emili Vanesa Florentín, representantes de las empresas Tajy Servicios Generales y Vanemi SA, que participaron en las licitaciones irregulares.
La Fiscalía detalló que las empresas proveedoras no cumplían con los requisitos mínimos y que los pagos se realizaron por productos que nunca fueron entregados, como anís en grano, harina de trigo y aceite de soja. La acusación describe un esquema en el que Prieto utilizó la vía de la excepción para adjudicar de manera opaca los contratos, beneficiando a su entorno cercano.
El caso ha desatado polémica en Alto Paraná, con los colorados calificando el monto del desvío como una «bicoca» en comparación con otras irregularidades que afirman, aún no han salido a la luz.
